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GUSTAVO PETRO U.
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miércoles, febrero 27, 2008
Carta de United Steelworkers de EE.U.U. a Nancy Pelosi Presidenta de la Cámara de Diputados
Por considerarla de alta importancia, reproducimos la carta que dirige el señor Leo W. Gerard, Presidente del sindicato de los trabajadores del acero de los Estados Unidos, a la señora Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Diputados de EE. UU. En ella relata las impresiones recogidas por la comisión de la AFL CIO que visito recientemente a Colombia referente a la situación del mundo laboral en el país, como elemento fundamental para insistir en su negativa a aprobar el TLC entre Colombia y los Estados Unidos.
UNITED STEEL WORKERS
USW™
UNIDAD Y FORTALEZA PARA LOS TRABAJADORES
Leo W. Gerard
Presidente Internacional
22 de febrero de 2008
POR FAX:
Honorable Nancy Pelosi
Presidenta de la Cámara de Diputados
Cámara de Diputados de EE. UU.
Washington, D.C. 20515
Honorable Harry Reid
Líder de la Mayoría del Senado
Senado de EE. UU.
Washington, D.C. 20510
Ref.: Delegación de la AFL-CIO en Colombia
Estimados Presidenta Pelosi y Senador Reid:
Les escribo con respecto a la visita reciente a Colombia de la delegación de la AFLC-CIO. Aunque lamentablemente no pude viajar a Colombia debido a un problema de salud urgente, el Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos (USW) estuvo representado en esta oportunidad por Dan Kovalik, consejero general adjunto, quien tiene vasta experiencia en la situación laboral de Colombia, ya que ha realizado catorce viajes a ese país en los últimos años. A su regreso, el Sr. Kovalik me presentó un informe pormenorizado.
La delegación sindical se reunió con los líderes y varios miembros de las tres principales confederaciones sindicalistas de Colombia (CUT, CGT y CTC), que en conjunto representan aproximadamente a 217.000 trabajadores, y también, con representantes de la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC). No obstante las intimaciones en contrario recibidas de algunos miembros del Congreso de EE. UU., estas cuatro confederaciones se oponen unánimemente al Tratado de Libre Comercio de Colombia. Los miembros de la delegación de la AFL-CIO descubrieron las razones durante su visita.
Los representantes de los sindicatos colombianos relataron cómo las organizaciones obreras están desapareciendo en el país, como resultado de la violencia manifiesta antisindicalista y de las maniobras legales llevadas a cabo por el gobierno actual de Uribe. En consecuencia, apenas 60.000 de los 18 millones de trabajadores colombianos (menos del 1%) están protegidos por un contrato laboral.
Con respecto a las maniobras “legales” antisindicales, la administración de Uribe, en clara violación de las normas laborales clave de las Convenciones 87 y 98 de la ILO (convenciones que Colombia ratificó), ha despojado a miles de trabajadores de sus derechos de negociación mediante una legislación que niega a los trabajadores del sector público el derecho a negociar colectivamente; postergando, negando y quitándoles injustificadamente el registro de sindicatos, negándoles el derecho a negociar a los trabajadores temporarios y de cooperativas, al igual que a los subcontratistas; permitiendo la creación de listas negras que comprenden a sindicalistas y a sus seguidores; y negando el derecho a huelga a muchos trabajadores, incluidos nuestros compañeros trabajadores sindicalistas de la industria del petróleo. Con respecto a este último tema, el congresista Wilson Borja explicó a la delegación sindical que la administración de Uribe rotula como “esenciales” a muchos segmentos de la economía, como el petróleo y otras industrias de extracción, y por lo tanto, los ha declarado inmunes al derecho legal a la huelga.
Y además, los relativamente pocos trabajadores que todavía están protegidos por los contratos laborales son blanco de asesinatos. En resumen, en Colombia quedan muchísimos menos trabajadores sindicalistas que asesinar, pero todavía siguen aniquilándolos. En lo que va del año, ya fueron asesinados cinco (5) sindicalistas.
Aunque no puedo relatar todas las historias conmovedoras que escuchó la delegación acerca de vidas destruidas por los continuos atentados antisindicalistas, quiero hacerles llegar al menos una muestra de tales historias. Por ejemplo, algunos miembros, muchos de los cuales eran mujeres, del sindicato Sintraemcali (el sindicato de los trabajadores municipales de Cali) hicieron un largo viaje en ómnibus sólo para tener la oportunidad de reunirse con la delegación en Bogotá. Estas personas formaban parte de un grupo de 51 sindicalistas activos, que fueron despedidos en represalia por haber desafiado el plan del Presidente Uribe de privatizar los servicios públicos de Cali y en consecuencia, destruir al sindicato Sintraemcali. Estos trabajadores, ahora sin sus medios de subsistencia, relataron con lágrimas en los ojos cómo enfrentan su problema de sobrevivencia y a su vez, siguen luchando por sus puestos de trabajo a través del Ministerio de Protección Social. Mientras tanto, en el transcurso de esta lucha antiprivatizadora, varios miembros de Sintraemcali han sido asesinados y otros han sufrido secuestros, exilios, arrestos y encarcelamientos. Los arrestados y encarcelados fueron acusados de “terrorismo” por el estado, cargos que luego quedarían sin efecto por falta de pruebas. (A continuación, más sobre el estigma del que son objeto los sindicalistas por parte del estado.)
Vale la pena destacar que los líderes del sindicato Sintraemcali, así como uno de sus principales aliados en el Congreso, Alexander López (con quién también se reunió Dan Kovalik), fueron blanco de lo que se conoce como la “Operación Dragón”: un plan para “neutralizar” (palabra que en algunos casos significa asesinar) a los líderes sociales clave relacionados con la lucha antiprivatizadora en Cali. Según el Teniente Coronel (Re) Julián Villate, uno de los autores de este plan, éste recibió la aprobación plena del Ministerio del Interior del Presidente Uribe y la aprobación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia. Curiosamente, aunque los planes detallados de la “Operación Dragón” se encontraron en poder del Sr. Villate, él sigue trabajando para la empresa Drummond Coal Company en el estado de César. Mientras tanto, el congresista Alexander López sigue recibiendo amenazas de muerte; los 51 sindicalistas de Sintraemcali despedidos siguen desempleados; y de acuerdo con la oficina de la Fiscalía, Julián Villate fue el autor del complot para asesinar al Senador Gustavo Petro (quien también se reunió con la delegación) el año pasado.
En el transcurso del viaje, la delegación también se enteró a través de los sindicalistas de que los militares colombianos habían ingresado a Telecom para echar por la fuerza a 8.000 trabajadores de sus puestos de trabajo, después de que el Presidente Uribe liquidara ilegalmente, y por decreto, a esta compañía telefónica administrada por el estado. La delegación también escuchó acerca de la heroica lucha de los trabajadores del sector de la floricultura (que emplea a un total de 100.000 personas) para intentar organizarse en un sindicato, sólo para ser acallados por Dole Foods, que a fin de destruir la campaña de formación del sindicato, no escatimó esfuerzos y cerró su mayor plantación de flores.
Queremos señalar que Dole Foods todavía no recibió ninguna sanción después de haber sido acusada, con credibilidad, el año pasado de efectuar pagos frecuentes a la organización ilegal de paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En efecto, la Dole fue mencionada como la compañía que, en realidad, recaudaba los pagos de todas las compañías bananeras en Antioquia y los entregaba a las AUC. Esta relación entre las compañías bananeras y las AUC es importante cuando se considera al Tratado de Libre Comercio (FTA) de Colombia, que tal cual está redactado beneficiará ampliamente a los grandes terratenientes, tales como las compañías bananeras multinacionales y a las organizaciones paramilitares, quienes han lavado el dinero de la droga a través de la compra de grandes extensiones de tierra.
La delegación se reunió también con varios líderes congresistas. Por ejemplo, con Orsinia Polanco Jusayu, la representante de los pueblos indígenas de Colombia, quién declaró su oposición al FTA, ya que considera que este tratado conducirá a que los pueblos indígenas pierdan más tierras a manos de las compañías multinacionales. La congresista Polanco también relató la extraña historia de un grupo de indígenas que el Presidente Uribe llevó a Washington DC el año pasado con el pretexto de que tendrían la oportunidad de exponer ante los representantes del Congreso los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia. Pero luego descubrieron que, en realidad, habían sido llevados a Washington DC para hacer lobby a favor del FTA, un tratado al que en realidad se oponen. Algunos de estos representantes indígenas regresaron anticipadamente a Colombia cuando descubrieron el motivo real del viaje.
Por último, deseaba comunicarles acerca de la reunión que mantuvo la delegación con el Presidente Uribe, una reunión en la que Uribe develó su verdadero y a la vez, contundente punto de vista con respecto a los sindicalistas de Colombia. Durante esta reunión, el Sr. Kovalik manifestó al Presidente Uribe la preocupación de la delegación con respecto al peligroso estigma que pesa sobre los sindicalistas impuesto por las empresas, el gobierno y los militares de Colombia. Durante esta conversación, el Sr. Kovalik describió una conversación que tuvo con un coronel de la Brigada 18 del Ejército de Colombia (Coronel Medina) muy poco después de que esta brigada matara a balazos a tres sindicalistas cerca de Saravena en agosto de 2004. El Coronel afirmó que sabía que su deber como oficial del ejército era proteger a los sindicalistas de la misma forma que al resto de los ciudadanos. Sin embargo, afirmó que, en realidad, muchos de los sindicalistas eran guerrilleros; una afirmación como esta, si bien es falsa, logra que los sindicalistas se conviertan en un blanco para los ataques de las fuerzas armadas.
Como respuesta, el Presidente Uribe contestó que todos los meses se reúne con sindicalistas y que muchos de ellos son de buen corazón. Sin embargo, al igual que el coronel, Uribe continuó su discurso con un significativo "pero". Comentó que cuando era estudiante (décadas atrás), se enteró de que una de las tácticas de los guerrilleros consistía en infiltrarse en el movimiento sindical y estudiantil y en la prensa. Luego, aseveró que, y en relación con lo dicho anteriormente, esos tres sindicalistas muertos en Saravena eran de hecho guerrilleros vinculados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos guerrilleros de izquierda. El Sr. Kovalik discrepó abiertamente con el Presidente y señaló que, después de investigar, su propio fiscal general (Mario Iguarán, con quien también se reunió la delegación) había llegado a la conclusión de que eso era falso y de que, en realidad, la Brigada 18 les había colocado armas a los sindicalistas para que pareciera que habían muerto como rebeldes en un enfrentamiento armado. En respuesta, Uribe dijo que había ido a Saravena personalmente y que miembros (sin nombres) de la comunidad le habían asegurado que las tres víctimas eran, en efecto, miembros del ELN.
Además, durante esta reunión con la delegación, el Presidente Uribe intentó minimizar las muertes de los cinco sindicalistas asesinados durante este año (casi uno por semana) afirmando, como lo ha hecho tan a menudo, que todos habían muerto durante robos de poca importancia o peleas domésticas. A diferencia de lo que hizo su propio Fiscal General, Mario Iguarán, Uribe simplemente se rehusó a reconocer a la delegación que esos sindicalistas, como otros asesinados en Colombia, habían sido muertos precisamente porque eran sindicalistas.
Finalmente, los comentarios del Presidente Uribe revelaron precisamente por qué continúan las muertes de los sindicalistas, debido al estigma que pesa sobre ellos, impuesto por el gobierno colombiano, incluido el mismo Presidente.
Señora Presidente y Senador Reid, no encuentro palabras para expresarles cuán preocupados estamos acerca del destino de los trabajadores y sindicalistas de Colombia. Esta preocupación impulsa nuestra continua y enérgica oposición al Tratado de Libre Comercio de Colombia, una oposición que compartimos con las tres confederaciones sindicalistas de Colombia. Los exhorto, en nombre de los movimientos de trabajadores de Colombia y EE. UU., a continuar su gran labor para evitar que este tratado llegue alguna vez a ser votado en el recinto del Congreso. Muchas gracias.
Atentamente
Leo W. Gerard
Presidente Internacional
LWG/ctl
cc: Hon. Richard Durbin, Oficial Disciplinario de la Mayoría del Senado
Hon. Edward Kennedy, Presidente, Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado
Hon. Max Baucus, Presidente, Comité de Finanzas del Senado
Hon. Steny Hoyer, Líder de la Mayoría de la Cámara de Diputados Hon. James Clyburn, Oficial Disciplinario de la Mayoría de la Cámara de Diputados
Hon. Charles Rangel, Presidente, Comité Disposición y Medios de la Cámara de Diputados
Hon. George Miller, Presidente, Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Diputados Hon. Sander Levin, Presidente, Subcomité de Comercio de la Cámara de Diputados
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Etiquetas: TEMAS DE INTERÉS
martes, febrero 26, 2008
Petro expresa al Fiscal General preocupación por procesos de Congresistas vinculados al paramilitarismo.
Bogotá, febrero 26 de 2007: El senador Gustavo Petro manifestó en carta al Fiscal General de la Nación su “honda preocupación por el cambio de ritmo en la investigación que tienen los procesos de los congresistas vinculados al paramilitarismo cuando renuncian a su fuero y sus expedientes pasan de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación”
El senador Petro le dice al Fiscal General que entre las personas que acaban de ser capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia, “existen varios que gozan de importantes cuotas burocráticas en la Fiscalía General de la Nación”, y cita el ejemplo del Representante Luís Fernando Almario cuya esposa, la señora Elsa Piedad Ramírez, es Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Petro señala en su carta que el “clientelismo político se articuló al narcotráfico y al paramilitarismo” y ha servido para construir una “verdadera arquitectura de la impunidad al interior del Poder Judicial” y señala que los procesos más serios sobre crímenes contra la humanidad en Colombia “se archivaron, precluyeron sin responsables, o se fragmentaron premeditadamente volviéndolos inutilizables”
Finalmente el senador Gustavo Petro invita al Fiscal General a “vigilar directamente los procesos judiciales sobre parapolítica, conformar una comisión del más alto nivel que investigue dentro de la Fiscalía los vínculos entre funcionarios y sectores del narcotráfico, clientelas políticas y paramilitarismo de cara a contrarrestar cualquier peligro de articulación de estos sectores con el Poder Judicial en Colombia”.
Texto de la carta:
Bogotá, febrero 26 de 2007
Doctor
Mario Iguarán
Fiscal General de la Nación
Ciudad
Respetado Doctor Iguarán,
Como Senador de la República me sumo a las diversas y autorizadas voces que han expresado, por estos días, honda preocupación por el cambio de ritmo en la investigación que tienen los procesos de los congresistas vinculados al paramilitarismo cuando renuncian a su fuero y sus expedientes pasan de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación.
En alguna oportunidad le exprese que durante muchos años, haciendo juego de prácticas clientelistas, muchos parlamentarios lograron de diferentes Fiscales Generales el nombramiento de cuotas burocráticas en importantes cargos de la Fiscalía.
Una vez la actividad del clientelismo político se articuló al narcotráfico y al paramilitarismo, dichas cuotas sirvieron para construir una verdadera arquitectura de la impunidad al interior del Poder Judicial. Los procesos más serios sobre crímenes contra la humanidad en Colombia se archivaron, precluyeron sin responsables, o se fragmentaron premeditadamente y se volvieron inutilizables. Entre tanto los delincuentes asesinaban testigos, lograron cambios al interior de la Fiscalía hasta el punto de incluso forzar el exilio de importantes investigadores.
Varios de los parlamentarios que acaban de ser capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia, mantienen importantes cuotas burocráticas en la Fiscalía General de la Nación, lo que los motiva a renunciar a su fuero para aspirar al beneficio jurídico y a la impunidad.
Es el caso por ejemplo de Luís Fernando Almario, cuya esposa, la señora Elsa Piedad Ramírez, es Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. El Representante Almario acaba de renunciar a su fuero.
Por las razones expuestas lo invito, señor Fiscal, a vigilar directamente los procesos judiciales sobre parapolítica, conformar una comisión del más alto nivel que investigue dentro de la Fiscalía los vínculos entre funcionarios y sectores del narcotráfico, clientelas políticas y paramilitarismo de cara a contrarrestar cualquier peligro de articulación de estos sectores con el Poder Judicial en Colombia.
Gustavo Petro U.
Senador de la República
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Etiquetas: COMUNICADOS DE PRENSA
sábado, febrero 23, 2008
Senador Petro visita Barranquilla
Advierte que quieren callar a los ‘paras’ desmovilizados
Sin hacer señalamientos directos, el senador del Polo Democrático Gustavo Petro advirtió la presencia de fuerzas oscuras que estarían buscando acallar a los líderes de las desmovilizadas autodefensas para que no sigan haciendo señalamientos durante las audiencias en los procesos de Justicia y Paz.
Considera que algunas señales de eso serían la aparición de armas en el penal de Itagüí, donde están recluidos los máximos jefes de las autodefensas, o el asesinato de un hermano de uno de los líderes paramilitares recluidos en esa misma cárcel.
En su opinión, tales hechos pueden ser mensajes que buscan el propósito de que la verdad no se sepa; considera que la intención es callar a los que puedan hablar.
El senador Gustavo Petro se reunió con miembros de su colectividad ayer en Barranquilla. Entre otros temas tocaron la próxima asamblea del Polo, el 29 de febrero, 1 y 2 de marzo.
El congresista, quien estuvo ayer en Barranquilla, habló también sobre la marcha contra las autodefensas programada el próximo 6 de marzo, y anunció que encabezará la movilización ese día.
Al hacer referencia al decreto sobre indemnización a víctimas de los paramilitares, dijo que lo que se persigue con él es que todos los colombianos, representados en el Estado, terminen indemnizando a las víctimas, mientras quienes cometieron las masacres y se quedaron con las tierras de los campesinos terminan quedándose con las propiedades que consiguieron con el poder de las motosierras.
Se refirió el congresista a afirmaciones del desmovilizado ‘Jorge 40’, en el sentido de que la desmovilización es una payasada. Aseveró que está de acuerdo con él porque “una desmovilización no es una desparamilitarización”.
Esa situación, en su opinión, hace que cobre fuerza la idea sobre un acuerdo, porque no se ha derrotado a las Farc ni se ha desparamilitarizado a Colombia.
Indicó que hay que buscar métodos que saquen a Colombia de la guerra y ello sería posible a través de acuerdos de la ciudadanía, de sus fuerzas políticas y sociales, con medidas que permitan ponerle fin a los paramilitares y a la violencia.
LIBERACIÓN DE SECUESTRADOS
Considera Petro que las liberaciones de los secuestrados que se están anunciando por las Farc en los últimos días es el intento de ese grupo por mantener viva la idea del intercambio humanitario, amarrada a una propuesta de despeje territorial en Florida y Pradera.
“Pero eso no nos acerca todavía a la solución, que es la libertad de todos los secuestrados”, anotó. Agregó que “las Farc liberan unilateralmente para mantener viva la posibilidad de un canje y en esa medida no se ha avanzado un centímetro”.
Advirtió que por el camino por el que van las Farc, las personas que se encuentran secuestradas durarán años en su poder.
En el mismo orden de ideas, Petro cree necesario reconstruir las relaciones diplomáticas con Venezuela, así como otorgarle un papel de mediación a esa Nación, conjuntamente con Francia y otros países, para trabajar en la liberación de los secuestrados.
FRACASOS
El congresista del Polo Democrático se refirió al fracaso de las estrategias de paz del gobierno Pastrana y del presidente Uribe. En el primer caso, dijo, no fue posible con la negociación directa entre el Estado y las Farc, mientras la segunda opción de confrontar con las armas a la guerrilla, tampoco ha dado resultados. “Eso demuestra que la estrategia de profundizar la guerra simplemente para hacer la guerra fracasó”, anotó Petro.
TERCERA OPCIÓN
Para el senador Petro existe un tercera opción y que, según sus palabras, quiere que sea conocida por Sergio Fajardo, Antanas Mockus, los gremios, fuerzas políticas y sociales de Colombia y por la ciudadanía, y está relacionada con la realización de una mesa de negociaciones de la que hagan parte los desarmados y no los armados.
Explicó que debe ser un acuerdo nacional sobre lo fundamental, en el que se planteen las reformas que la sociedad y el Estado colombianos necesitan, para sacar a Colombia adelante.
Dice que es un componente importante de esta propuesta el tema de la tierra, porque se hace necesario permitir el acceso de 15 millones de campesinos colombianos a la tenencia de la misma, al crédito, a la educación y a la democracia. “Esta es una de las grandes reformas fundamentales, que se pueden hacer desde un Gobierno en un acuerdo nacional, sin esperar a las Farc”, dijo Petro.
Ese, en su opinión, sería un mecanismo eficaz para quitarle el oxígeno a la guerra.
¿FIN DE LAS FARC?
Petro piensa que es errado pensar que las Farc se encuentran en su final. En su opinión, está en una tercera fase, en la que no hay una orientación liberal como al comienzo, ni comunista como ocurrió hasta los 80, pero que sí se mueve con una fuerte financiación que les permite crecer como ejército, en medio de una degradación política.
Aseveró que cuando muera Manuel Marulanda Vélez, esa tercera fase, podría ser seguida de una cuarta, que sería la conformación de ejércitos regionales muy fuertes, pero diferenciados unos de otros, en lo que llamó una federalización en ejércitos privados, financiados por el narcotráfico y en competencia entre ellos.
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viernes, febrero 22, 2008
El presidente colombiano Uribe confirma temores de los sindicatos de EE. UU.
Por *Dan Kovalik
La semana pasada, la AFL-CIO envió una delegación de sindicalistas, incluyendo a representantes de United Steelworkers, a Colombia, Sudamérica, el país más peligroso del mundo para los sindicalistas, con el objetivo de llevar a cabo una investigación. Alrededor de 2.300 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1991, y 470 desde que el actual presidente, Álvaro Uribe, asumió en 2002. Cinco han sido asesinados en lo que va del año.
Asistí como integrante de esta delegación en representación de USW, nos reunimos con numerosos sindicalistas, representantes del congreso colombiano, la ILO, el Tribunal Constitucional de Colombia, el Fiscal General Mario Iguarán y el Presidente Uribe para indagar acerca de la continua violencia que se ejerce contra los sindicalistas en este país.
Nuestra reunión con el Presidente Uribe alcanzó un punto de tensión cuando mencioné nuestra preocupación colectiva por la cultura antisindical que reina en las fuerzas armadas, en las empresas e incluso en el gobierno de Colombia; una cultura que tilda de "guerrilleros" o "terroristas" a aquellos trabajadores que intentan organizarse y ejercer sus derechos sindicales. En un país en el que las fuerzas armadas colombianas, en unión con organizaciones paramilitares de la derecha, libran una batalla contra la guerrilla, tales denominaciones ponen en peligro la vida de estos trabajadores.
Para ejemplificar el estigma que pesa sobre los sindicalistas, le conté al Presidente Uribe acerca de una conversación que tuve con un coronel de la Brigada 18 del Ejército colombiano poco después de que su Brigada matara a balazos a tres líderes sindicales cerca de Saravena en agosto de 2004. El Coronel Medina de la Brigada 18 me dijo en aquel entonces que él sabía que su deber era proteger a los sindicalistas de la misma forma que al resto de los ciudadanos. Sin embargo, afirmó que, en realidad, muchos de los sindicalistas eran guerrilleros; una afirmación como esta, si bien es falsa, logra que los sindicalistas se conviertan en un blanco para los ataques de las fuerzas armadas.
El Presidente Uribe me contestó que todos los meses se reúne con sindicalistas y que muchos de ellos son de buen corazón. Sin embargo, al igual que el coronel, continuó su discurso con un significativo "pero". Y agregó que, como estudiante (seguramente décadas atrás), se enteró de que una de las tácticas de los guerrilleros consistía en infiltrarse en el movimiento sindical y estudiantil y en la prensa.
Luego, Uribe aseveró que, de hecho, los tres sindicalistas que murieron cerca de Saravena en 2004 eran guerrilleros que tenían relación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). No estuve de acuerdo con el Presidente y señalé que, después de investigar, su propio fiscal general había llegado a la conclusión de que esta afirmación era falsa y de que, en realidad, la Brigada 18 les había colocado armas a los sindicalistas para que pareciera que habían muerto como rebeldes en un enfrentamiento armado. Uribe me respondió que él había ido a Saravena personalmente y que miembros de la comunidad le habían asegurado que las tres víctimas eran, en efecto, miembros del ELN.
De modo que, en base a un rumor, sin ninguna prueba y haciendo caso omiso de las conclusiones de su propio fiscal general, el presidente sostiene que estas tres personas eran "terroristas".
Lamentablemente, esta aseveración no puede atribuirse a un lapsus del Presidente Uribe, quien ya ha realizado este tipo de declaraciones peligrosas en ocasiones anteriores. Como cuando en declaraciones a El Tiempo, el periódico líder de Colombia, al hablar acerca de dos sindicalistas que murieron el año pasado, dijo que el incidente se debió a que uno de ellos era un "terrorista". Una vez más, resultó imposible confirmar esta versión.
Además, los grupos defensores de los derechos humanos, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han desmentido la colaboración entre sindicatos y guerrilleros y han llegado a la conclusión de que, en Colombia, los sindicalistas son asesinados no porque estén vinculados a alguna organización ilegal, sino por el solo hecho de ser lo que son.
Al fin y al cabo, los comentarios de Uribe aclararon por qué continúan las muertes de los sindicalistas y por qué menos del 3 por ciento de los cientos de asesinatos de sindicalistas han sido llevados a juicio: por el estigma de que son objeto los sindicalistas por parte de las personas que ocupan los puestos más altos en el gobierno colombiano, incluyendo al Presidente.
Mientras se encontraba en Colombia, la delegación de la AFL-CIO también se reunió con representantes de diversos sindicatos y delegaciones sindicales. Los sindicalistas con los que nos reunimos, al igual que los numerosos representantes del Congreso, coincidieron en que, en Colombia, los sindicatos están desapareciendo. Esto se debe, por un lado, a la evidente violencia antisindical y, por otro, a la agresión legal del Presidente Uribe, que ha dejado a menos del 1 por ciento de la fuerza laboral el derecho legal a participar en negociaciones colectivas.
Este es el país con el que Bush quiere firmar un Tratado de Libre Comercio. Insiste en que el Congreso apruebe el acuerdo, ya que, en los últimos años, ha disminuido el número de sindicalistas que han muerto. Se ignora el hecho de que las cifras aún son altas, al menos lo suficiente como para que Colombia siga siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. También se ignora el hecho de que, después de años de violencia y legislación antisindicales, simplemente hay menos sindicalistas que asesinar.
El Congreso de EE. UU. debe seguir resistiendo la tentación de recompensar al gobierno de Uribe con un Tratado de Libre Comercio. Literalmente, las vidas de los sindicalistas en Colombia dependen de ello.
*Dan Kovalik es abogado de United Steelworkers , el sindicato de trabajadores del acero, con mas de millón y medio de afiliados en todos los Estados Estados Unidos y una importante influencia dentro del Partido Demócrata
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Etiquetas: TEMAS DE INTERÉS
SECTAS EN EL POLO?
Revisando las entrevistas de Gustavo Petro, publicadas por El Espectador y de Jorge Enrique Robledo, publicada en la revista Cambio, se observa que el primero opina sobre el comportamiento político del segundo, que califica como de secta, y que en la respuesta Robledo recurre a la descalificación del Petro como estrategia para compensar el efecto del comentario.
Ello me sugirió la procedencia de un análisis sobre la generalidad del hecho, tratando de ser objetivo, pero renunciando a la imparcialidad, producto del peso de los argumentos y la experiencia personal en este proceso. Acá va mi análisis:
Una secta es, por definición, un grupo minoritario que se separa de un grupo mayor por diferencias surgidas de la incapacidad (por ignorancia o cualquier otra razón) o por imposibilidad de compartir algunos de los postulados que inicialmente los convocaron.
Esa incapacidad puede ser porque al ingreso no comprendieron el alcance de la propuesta, o porque, comprendiéndola, guardaron la esperanza de acumular una correlación de fuerzas que les permitiera modificar la propuesta, acercándola a su posición, la que suelen considerar como verdad absoluta.
Es innegable que en el Polo hay varias formas de entender el proyecto político. Una de ellas, la mayoritaria, ha sido constante: Gustavo Petro, Antonio Navarro y muchos otros, entre los que me incluyo, hemos militado en una propuesta política y ética consecuente con la necesidad de construir una alternativa política incluyente, democrática, que lea la realidad y permita la construcción de la respuesta en forma participativa, demócrata, activa y propositiva.
La propuesta no incluía arriesgar el proyecto para salvar grupos que se habían extinguido (eso parecía) por su incapacidad para variar un formato preestablecido que de tanto repetirlo lo asumieron como única verdad.
Puros y duros. Eso caracteriza a los sectarios.
Por eso en el Departamento de Caldas, orquestado por el MOIR, se escuchan voces que piden la expulsión de Gustavo Petro del Polo, como ya lo hicieron descalificando a Lucho Garzón y a María Emma Mejía. Antes lo habían hecho con Antonio Navarro, al que difamaron y calumniaron hasta la saciedad, como estrategia para conseguir respaldos para Carlos Gaviria en la consulta presidencial del Polo.
Su argumento estrella fue la mesiánica presentación que de Carlos Gaviria hizo Jorge Enrique Robledo, que luego convirtieron en un discurso monotemático: “Carlos Gaviria es el único ciudadano de este país al que le cabe el proyecto político en la cabeza”.
Hoy, como ayer, hablan de expulsar a los que piensen diferente. Pero se les olvida que el Polo ya existía, como proyecto político, desde 1989 (y antes) con su propuesta de Asamblea Constituyente; y ni Robledo (ni el moir, que son lo mismo) ni Gaviria acompañaron la propuesta. Es válido decir que Carlos Gaviria se convirtió en un acérrimo defensor del Estado Social de Derecho.
En el proceso se persiste en la necesidad de generar una respuesta nacional incluyente, generosa, democrática que responda a la situación política nacional. Recordemos propuestas como la Alianza Democrática -ADM19-, en el 89; Vía Alterna en el 96; Alternativa Política Ciudadana -APC- en el 2000; Polo democrático en el 2002; Polo Democrático Independiente -PDI- en 2003) y ellos no estaban ahí. Producto de ese proceso se consolida un Polo Democrático que es alternativa al proyecto guerrerista, autocrático y excluyente de Álvaro Uribe Vélez.
En el 2005 –diciembre- se incorpora la Polo Democrático las fuerzas que conformaban Alternativa Democrática, con el moir a bordo. Y ellos llegan abrogándose el derecho a decidir cómo se puede pensar en el Polo, so pena de expulsión. Y lo hacen porque son puros y duros, como los sectarios.
Los que somos independientes de formatos preestablecidos y convencidos de que Colombia no necesita que la convenzan de la necesidad de mesías salvadores, así se llamen Álvaro Uribe o Carlos Gaviria, estamos convencidos de que la democracia en la política se construye en la diferencia (con unanimismos solo se forman sectas o regimientos).
Invoco a Carlos Gaviria cuando explicaba que una cosa es el respeto y otra la tolerancia, a la que definió como ‘aceptar lo no deseado’. Soy de los que respeto, y tolero hasta cierto punto. Pero creo que Colombia se merece algo mejor que el escenario unánimista propuesto desde la ultraderecha, con el uribismo a bordo, y la ultraizquierda, con el MOIR pegado.
Julián Mejía Botero, Trabajador Comunitario.
Colectivo Democrático Independiente, Caldas.
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Real Cédula de los palmicultores
el yesQuero
Ensayos de análisis y crítica política
www.elyesquero.blogspot.com
Nro. 183
Real Cédula de los palmicultores
Por
Rafael Rincón Patiño*
El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
Derecho al desarrollo ONU
En la Constitución Política de Colombia de 1991 la organización territorial está integrada por departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas y cada una de las unidades territoriales goza de autonomía, es decir se gobierna por autoridades propias de elección popular. Aunque el mandato constitucional es claro, el presidente Uribe V. yuxtapone una colonial organización administrativa y ha ungido a ministros como especies de virreyes para tutelar las regiones.
Donde no hay confianza y hay intereses del Estado Comunitario se instala un “neovirrey” a ejercer dominio inminente sobre la parroquia. Ese es el modelo de administración pública centralista de Uribe V. para aquellos lugares en donde mandan gobernadores no afectos a la causa de la seguridad democrática. Las regiones viven una descentralización tutelada por la seguridad democrática y no por la Constitución.
Es el retorno a la metrópoli, una forma disfrazada de centralismo. El neovirrey rinde informes a la Corona de la Casa de Nariño y allí se toman las decisiones relacionadas con las colonias en materia de infraestructura, salud, educación que afectarán o beneficiarán a la autoridad local adepta o insubordinada.
El ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, conocido por su abyecto servilismo, oficia como neovirrey para el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia. Fue el tutor de la Gobernación de Antioquia mientras estuvo regida por Aníbal Gaviria, y lo sigue siendo, con el gobernador Luis Alfredo Ramos y el alcalde Alonso Salazar.
La Corona de la Casa de Nariño, en cabeza del presidente Uribe V., ha beneficiado con esta comarca al economista Andrés Felipe Arias L., hijo de estas tierras y reconocido por el uso de la camiseta blanca con letras negras que niega el despeje de los municipios de Pradera y Florida en el departamento del Valle.
El neovirrey Arias L., titular de este cargo por servil y no por alcurnia o letrado, es un enemigo absoluto del acuerdo humanitario y un hombre de la guerra. Compite con Germán Vargas Lleras por el perfil de “duro” para hacerse al poder o al mérito de ser la mano derecha del líder diestro y siniestro actual. Como servil se mueve más fácil el presidente Uribe V. que él, el regalado siempre es más papista que el papa, esa es la forma de acreditarse, su particular manera de presentarle finura al patrón. Vive de dar coba a los opositores y al mismo presidente Uribe V. Le encantan los reflectores y embriagado de poder es capaz de hacerse matar por su jefe o por las banderas de su jefe, al mejor estilo de la violencia de mediados del siglo XX.
Más que la agricultura al ministro Arias L. lo define la tenencia de la tierra. El “No al despeje” nace de sus entrañas, no es una pose, es una orden que cumple como propia. Él encarna el inamovible del “No al despeje”, ahí nunca habrá negociación, primero muerto.
El economista Arias L. entiende la riqueza como una condición de los ricos y la pobreza como una calidad de los pobres. Actuando como lugarteniente de la mafia de los palmicultores, caracterizados autores de desplazamiento forzado en la zona de Urabá, decidió entregar las 17000 hectáreas de la hacienda Carimagua en el departamento del Meta, a sus poderdantes los palmicultores, y no a los descamisados desplazados, con el desatinado argumento de que son tierras ácidas e improductivas.
El desarrollo humano, dice el economista hindú Amartya Sen, pasa por el desarrollo de las potencialidades humanas. Dice el premio Nobel que de lo que se trata es de aumentar las opciones vitales de las personas. Dice Sen que “el trabajo permite tener contactos sociales, desarrollar habilidades, alcanzar un estado de bienestar psicológico o mejorar la auto estima”. El neovirrey Arias L. debe, por lo tanto, alejarse de esa economía del bienestar que se mueve en el paradigma racional de mayores beneficios económicos y de nada para el desarrollo humano de la gente.
Además de ser un derecho colectivo el derecho al desarrollo es un derecho humano fundamental. Como derecho individual el derecho al desarrollo es el nombre del derecho fundamental al mínimo social, un derecho que pasa por el principio de la igualdad de oportunidades.
El neovirrey Arias L. atentó contra los derechos al desarrollo, a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de la población desplazada. El también lugarteniente Arias L. ignora el principio de solidaridad, se guía por la competitividad y el crecimiento, desconoce el desarrollo como derecho humano fundamental, se brinca la Constitución y la Sentencia T-025-2004 de la Corte Constitucional sobre protección a la población desplazada.
Así es, en el gobierno de la seguridad democrática las oportunidades son dulces para las mafias, para los ilegales y son agrias para las víctimas, para los legales, para los cumplidores de la ley. La población desplazada tiene derecho a trabajar para los amos, son libres, sin discriminación alguna, para ser esclavos. Tienen derecho a escoger el amo, a recibir o no jornal, a votar la reelección de Uribe V. ya o dentro de cuatro años.
Mientras tanto la Corona de la Casa de Nariño se complace con las cédulas reales del neovirrey, las licencias a los poderosos patrocinadores de la reelección. Así se financia la campaña.
* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.
Medellín, 19 de febrero de 2008
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miércoles, febrero 20, 2008
Encuentro de película
domingoadomingo
Febrero 16 de 2008
Gustavo Petro y José Obdulio Gaviria vieron juntos la pélícula 'Retratos de un mar de mentiras' y conversaron sobre el país.
Llegaron puntuales a la cita, en el apartamento del cineasta Carlos 'El negro' Gaviria. Gustavo Petro, antes miembro del grupo guerrillero M-19 y hoy congresista por el partido opositor Polo Democrático Alternativo, con un vestido gris que destacaba su corbata rosa, y José Obdulio Gaviria, antes perteneciente a opciones de izquierda, ex miembro del Movimiento Firmes y hoy asesor del presidente Álvaro Uribe, considerado uno de los gobiernos de derecha más fuertes de los últimos tiempos. José Obdulio vestía un gabán negro que no se quitó durante toda la noche.
Foto: Roberto Camargo Ardila
La idea era ver la película de Gaviria, Retratos de un mar de mentiras, una crónica de viaje por la carretera de la costa Atlántica, que narra todo lo que se van encontrando en ese camino dos jóvenes: Jairo y su prima Marina. Cuando ella era una niña, presenció la muerte de sus padres a manos de un grupo paramilitar que los desalojó de su rancho en un pueblo del departamento de Córdoba. El objetivo del viaje es rescatar los documentos de propiedad de la tierra que heredaron de su abuelo. En el camino viven las incidencias que ocurrían con frecuencia en los 90 en una carretera colombiana: retenes guerrilleros que en los siguientes años fueron destruidos a sangre y fuego por tropas de la seguridad democrática del presidente Uribe, se encuentran con familias desplazadas que viven entre la carretera y el abismo, pero también comparten fandangos al compás de la música de María Mulata. Llegan al pueblo y Marina percibe que el grupo que mató a sus padres sigue allí, dueño de la tierra y de la vida de la gente y el mar Caribe sirve de marco y es fiel testigo del final de la historia.
Las primeras impresiones acerca de la película, tanto de José Obdulio como de Petro y los comentarios de 'El negro' Gaviria, desataron después una intensa conversación que dio lugar al análisis, más que a una sorda confrontación, y la escucha se tomó la sala. Durante las dos horas que duró la charla, ni Petro exhibió sus dotes de vehemente defensor de sus tesis en tono mayor, ni José Obdulio se mostró aplastante o descalificador. Esto no quiere decir que ambos no conservaran los atributos personales que los han caracterizado como acérrimos opuestos en la escena política colombiana. Uno, sagaz, atento a los traspiés del otro, bien informado, moviéndose como pez en el agua tanto en la historia como en la actualidad del país, revelador de datos y hechos siempre asombrosos y difíciles de controvertir. El otro, dueño de un discurso filosófico propio, dirigido a desconcertar al otro, con dotes magistrales para posicionar en todos los momentos de la conversación el modelo de país que defiende, recursivo, experto en evadir asuntos diferentes a los que considera válidos. Al oír las argumentaciones que defiende con todas las agallas alcanza uno a entender un poco la razón por la cual es uno de los principales hombres del presidente Uribe.
Ya definidos los dos contendores, empecemos esta batalla verbal que, aunque diametralmente opuesta en su mayor parte, llegó a algunos acuerdos y terminó al final con palmadita en la espalda.
María Cristina Alvarado (MCA): ¿cuál es la mirada de cada uno de ustedes sobre la historia que narra la película?
José Obdulio Gaviria (JOG): me parece que una mirada más amable del país podría denunciar mucho mejor el problema. Pienso en el cine italiano que es tan bello en la narración de trágicos asuntos. Como amante del cine, yo saldría desilusionado de esta película, aunque si se quiere es hablar de política y de denuncia, pero yo jugaría más con una cámara recreando otras cosas del país, otra visión del país, sin sacrificar la historia. Claro que ese cine sobre Colombia a lo mejor tiene éxito en algunos escenarios, como algunos sectores europeos y norteamericanos. Creo que en Colombia no tanto.
Gustavo Petro (GP): yo no puedo ver esta película como cineasta, porque es nuestra realidad palpitante, trágica. Desde la lógica del mercado, uno diría: los colombianos no queremos ver nuestra realidad. Algunos quieren ocultarla y quieren ver, más bien, comedias y, en ese sentido, quizás, tenga más taquilla, como dice José Obdulio. Solo que esas películas no pasan a la historia, mueren rápidamente. Este tipo de películas, que pertenecen a una corriente del cine latinoamericano que trata de mostrar lo que pasa en América Latina, quedan. Y como las obras de arte, se valorizan con el tiempo. Yo soy de Córdoba, una de las tierras más fértiles del país y, sin embargo, uno de los departamentos más pobres del país, con un mar que comunica con los Estados Unidos. Era claro que allí iba a ver un cruce de caminos: narcotráfico, corrupción política, avaricia por la tierra, feudalismo que cambió de dueño, terminó siendo uno de los fortines de lo que conocemos como el poder mafioso en Colombia.
Carlos Gaviría (CG): por mi parte, asumo esta película de una manera más emotiva, yo no quería hacer una película política, reconozco que terminó siéndolo, pero lo que quería era hacer una película sobre lo que yo sentía viendo este país. Creo que uno de los graves problemas de una guerra tan prolongada como la que ha vivido Colombia es que la gente se insensibiliza y se acostumbra a lo que está pasando. Por ejemplo, bajar la carretera de Medellín a Montería es una de las cosas más dolorosas que le pueda pasar a un ser humano. Yo veía familias que viven entre la carretera y el precipicio y no podía creerlo. Es muy bueno que la gente esté horrorizada con el secuestro, pero me parece inconcebible que la gente no esté horrorizada con todo lo que está pasando aquí. No puedo creer que los colombianos, siendo como somos, tan emotivos y maravillosos, podamos convivir con eso, pasar por encima y creer que no existe.
MAC: ¿qué agenda tiene que llenar el país para lograr la paz?
CG: En Colombia hay dos países, uno formal, de leyes, el mejor país del mundo y un país real, bastante salvaje, donde matan a la gente todo el día, intolerante. En el país formal se habla de libertades sindicales y matamos 70 sindicalistas al año y esa diferencia es el motor de la violencia. En el Congreso y en el Palacio de Nariño hablan de una ley y mientras tanto unos señores en Córdoba, unos señores armados se encargan de imponer la ley muy diferente. Cuando mataron a los militantes de la UP, yo pensé que eso lo íbamos a pagar. Y lo estamos pagando, porque si no hubiéramos matado a Bernardo Jaramillo, o a Pardo Leal, ahora se estaría negociando con ellos y mientras la justicia no resuelva los crímenes cometidos por todos los actores armados, no creo que haya posibilidades de paz.
GP: Carlos, el mundo de las leyes y el mundo que muestra tu película no están desconectados. De hecho, la mayoría de los congresistas de esa región son paramilitares o amigos del paramilitarismo. Es decir, los mismos que disparan contra la familia de la película, se sientan en el Congreso a hacer leyes. Peor aún, las fincas del presidente Uribe están en la región que tú pintas. El Presidente va todas las semanas a esa región, porque allí tiene sus intereses económicos, su patrimonio familiar.
JOG: Petro dice que el Presidente está cada semana en su finca. Cada semana está con el pueblo en consejos comunales de gobierno que son ejemplo de dedicación a los problemas de la Nación. Quiero decir también que durante mucho tiempo no hubo presencia estatal en las regiones. ¿Por qué no está la fuerza pública en las escenas de incursiones paramilitares que evoca la película?. Cuando comienza a darse la presencia benéfica de la fuerza pública recuperamos las carreteras y la vida pacífica en las regiones.
GP: hay un desliz de José Obdulio, que es la clave del problema. Para que haya paramilistarismo se necesita una red mafiosa con 3 elementos: gran posesión sobre la tierra, corrupción y apoyo político. Y eso es lo que hay que desmantelar en el país.
JOG: ya entendí por fin por qué usted no valora la desmovilización...
GP: pues me alegra que comprenda que la desmovilización sola no basta, hay que desmantelar las redes mafiosas.
JOG: otra cosa que me parece fundamental para los futuros escritos de ambos es que la felicidad de los pueblecitos de Colombia sería, según usted, sin policía. Yo, en cambio, creo que la felicidad de los pueblos es la policía que se recibe con guirnaldas. Yo diría que la paz sería una paz con autoridad, no autoritarimo, sino presencia civilizada de fuerza pública, además muchos para-estatales, muchas ambulancias en las carreteras, muchos helicópteros volando llenos de agentes de autoridad persiguiendo expresiones de violencia.
“…un proceso de paz no comienza hablando con las Farc. Un proceso de paz comienza haciendo reformas democráticas y la primera de ellas, incluir el mundo campesino con tierra, créditos y tecnología”
Gustavo Petro
Senador
GP: El tema de la paz es la prioridad política en Colombia, sacarla de la guerra, de la violencia, es complejo pero pasa por un eje esencial: la inclusión del mundo campesino dentro de la sociedad colombiana, destinando los 7 millones de hectáreas que hoy están en manos del narcotráfico puestas en arriendo al campesinado y a los pequeños y medianos empresarios a producir alimentos. Así no tendríamos tanta guerrilla ni tantos paramilitares ni tanta violencia y podríamos disminuir la producción de hoja de coca. Es decir, un proceso de paz no comienza hablando con las Farc. Un proceso de paz comienza haciendo reformas democráticas y la primera de ellas, incluir el mundo campesino con tierra, créditos y tecnología.
JOG: todo va unido al problema de la droga. En general, creo que los 45.000 hombres armados del paramilitarismo están reducidos a grandes capos con controles regionales en alianza con las Farc y el Eln, pero eso no es un fenómeno nacional.
MCA: Eduardo Pizarro decía en su columna que el señor Mancuso apoyó desde su página web la marcha del 4 de febrero y que por eso no se podía decir que la marcha del 6 de marzo es convocada por las Farc porque se haya apoyado esta marcha en la página de Anncol.
JOG: la marcha del 4 de febrero fue contra las Farc. Oportunistamente Mancuso dizque quiso hacerse visible y firmó un documento de convocatoria, pero a los que fuimos a marchar no nos importó que Mancuso estuviera convocando. Es grave que la marcha del 6 de marzo sea convocada por una organización victimaria y que las consignas sean cómplices de esta organización. Nos debemos seguir uniendo contra la Farc, contra el Eln, contra las organizaciones del paramilitarismo. Pero es una consigna engañosa marchar contra los crímenes de estado, porque aquí no existe terrorismo de estado.
GP: La marcha contra las Farc y contra el secuestro debe continuarse con una marcha contra el paramilitairsmo, por la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas de las Farc, el ELN, de los paramilitares y de los funcionarios públicos del estado.
JOG: Comparto con Gustavo la necesidad de consolidar una decisión de todos frente al terrorismo en todas sus expresiones y frente al alimentador del terrorismo, que es el narcotráfico. Y destaco que debemos seguir con la estrategia de desmovilización para derrotar a las organizaciones terroristas.
GP: pero silencias la necesidad de las reformas por parte del Estado. Y olvidas que es mayor el número que se integra a la guerrilla, el reclutamiento. Según José Fernando Isaza, las Farc se acabarán en 52 años. Yo miro por qué sigue entrando gente a la guerrilla.
JOG: Y yo miro por qué entraba...
MARÍA CRISTINA ALVARADO
Especial para EL TIEMPO
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FARC, POLO, PETRO, GAVIRIA: UN DEBATE TARDIO
DEJEN QUE PETRO SEA LIBRE
Por Edison Lucio Torres*
"El empleo de las armas para la solución de los conflictos contradice los métodos y los propósitos que propugna el Polo." (Art. 2 Estatutos).
Trascendió un debate que aún no se ha superado en el Polo Democrático Alternativo. Más allá de unas declaraciones explosivas del senador Petro contra las Farc y de la reacción vigorosa del presidente del Polo, Carlos Gaviria, subyace un problema de fondo: la vigencia de la lucha armada y la concepción de partido.
La lucha de las ideas se puede (y se debe) realizar desde dos dimensiones: en la confrontación abstracta y racionalista occidental, y en la deconstrucción práctica. En el primer campo, el Polo ha sido explícito al descartar el empleo de las armas en su lucha por alcanzar un verdadero Estado Social de Derecho. Hubo acuerdo en el Ideario de Unidad y en los estatutos, es decir, en la dimensión de las ideas abstractas y programáticas. Pero para que este postulado sea real y concreto, debe pasar a la segunda dimensión, esto es, a la praxis. ¿Entonces, por qué un sector del Polo se escandalizó con la propuesta de Petro de desfarizar la lucha política y deslindar campo con la lucha armada?
No basta que nosotros no utilicemos las armas, es imprescindible que cuestionemos a los que las usen -con pretextos tan disimiles, justos o injustos- para sojuzgar, humillar, arrodillar, torturar, masacrar, e indignificar al Otro.
¿Cuál es la diferencia del asesinato perpetrado por las Farc contra 11 de sus secuestrados, y los paramilitares que asesinaron a miles de colombianos y colombianas? ¿Qué va de Don Berna -exguerrillero, exparamilitar y empresario de la guerra- a Raúl Reyes? Los dos son político-militares, los dos tienen ideales y seguidores políticos, los dos se financian con el narcotráfico y el secuestro, y los dos ordenaron exterminar o matar para financiar sus ideales. ¿Qué los hacen diferentes? ¿Cuál es la diferencia del fusil de las Farc y el fusil de los paramilitares?: ¿Sus objetivos? ¿Sus ideas? ¿Su historia? Los efectos son los mismos: la desnaturalización del ser humano, porque los métodos y objetivos van íntimamente ligados.
¿Quién le dio a las Farc el derecho de ser representantes de una lucha por un gobierno democrático?: ¿un partido político? ¿El pueblo? ¿O los fusiles? El mono Jojoy se reía cuando le preguntaba desafiante a los periodistas de Caracol y Rcn en el Caguán: "¿ustedes creen que hubiesen venido hasta acá si no tuviéramos los fusiles?"
Criticamos al régimen autoritario del presidente Uribe por oficializar los crímenes de estado contra el pueblo, y criticamos a los paramilitares por sus crímenes contra la humanidad. ¿Y que hay de malo que critiquemos con el mismo vigor y énfasis a los señores de las Farc?
Francamente, en el fondo hay dos concepciones que se mezclan al interior del Polo: el partido de izquierda de antaño regido por un centralismo democrático -Léase, autoritarismo democrático de corte estalinista- donde el individuo existe si le sirve solo al partido, y el partido del socialismo del siglo XXI, donde sus militantes están al servicio de la humanidad. En el primero, no tienen derecho a expresar sus ideas sin el permiso de la directiva. En el segundo tienen derecho a ser libres respetando la convivencia de partido. Señores, dejen que Petro sea libre.
______________________
*Periodista y docente de derechos humanos-Director de Vox Populi. Cartagena.
E-mail: editormoreno@hotmail.com
hhp/lucioysusnotas.blogspot.com
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martes, febrero 19, 2008
Carta del senador Gustavo Petro a Fedepalma
Bogotá, febrero 19 de 2008
Doctor
Jens Mesa
Presidente Ejecutivo
Fedepalma
Ciudad
Respetado Doctor Mesa:
Trabajadores de la empresa Promoción Agropecuaria Monterrey, dedicada a la explotación de la palma de aceite en Puerto Wilches, Santander, han sido objeto de una violenta represión el día de ayer. Ellos reclaman, entre otras peticiones, eliminar la contratación laboral a través de las cooperativas de trabajo asociado, las cuales han llevado a la máxima pauperización a los trabajadores colombianos.
Es obligación de todo empresario respetar el derecho fundamental a la libre asociación de los trabajadores así como el derecho a la huelga establecidos en los artículos 39 y 56 de nuestra Constitución Política. Eliminar el régimen de contratación laboral a través de las llamadas cooperativas de trabajo asociado y regresar a la contratación directa prevista en el Código Sustantivo del Trabajo sería una manera de reparar a los familiares de las victimas de centenares de trabajadores del sector palmicultor en el Cesar y Santander, asesinados a manos de grupos paramilitares.
No es secreto que el tema laboral es altamente sensible y tiene detenida la aprobación del TLC en el Congreso de los Estados Unidos.
Cordialmente,
Gustavo Petro Urrego
Senador de la República
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La otra marcha
Por
Hernando Gómez Buendía
Son las motosierras, las cabezas cortadas para jugar al fútbol, los cuerpos recortados para ahorrar trabajo, los machetazos para no gastar balas. Son las niñas violadas, los niños masacrados, las casas incendiadas, los 4 millones de hectáreas usurpadas, los 3 millones de campesinos echados como perros. Son Mapiripán, Chengue, Mejor Esquina, Barcelona, El Aro, La Negra, el Alto Naya, Honduras, Pueblo Bello, Las Tangas, Buenos Aires, El Salado, La Granja, La Chinita.
Son la Unión Patriótica, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Jaime Garzón, es Mario, es Elsa. Son 15.000 asesinatos, 1.800 masacres, cientos de fosas ocultas, 3.000 desaparecidos. Son crímenes de lesa humanidad, o crímenes que niegan el ser humano en cada uno de nosotros. Por eso, asistir a la marcha del 6 de marzo es un acto puro de moralidad, una expresión colectiva y simbólica de nuestra dignidad como seres humanos.
La misma dignidad que se expresó en la marcha del 4 de febrero, cuando unos 8 millones de colombianos en 140 países salimos a protestar contra los asesinatos, los collares bomba, las pipetas, las minas, los secuestros, las cadenas y las bombas de las Farc. Son crímenes de lesa humanidad, que por eso merecen el repudio de la humanidad.
No se trata de comparar. Y no es lícito comparar. Un crimen nunca puede justificar otro crimen, porque entonces ninguno sería un crimen -y habríamos renunciado a ser humanos-. Así que, desde el punto de vista moral, los mismos 8 millones de colombianos que marchamos en febrero tenemos el deber de hacerlo en marzo.
Pero no hay que ser un genio para saber que a la marcha del 6 de marzo no asistirán 8 millones de colombianos, y tal vez ni siquiera un millón de colombianos. Es porque esos eventos multitudinarios no son -como deberían ser y como a la gente le dicen que son- actos morales puros, sino que además son actos mediáticos y actos políticos.
Los medios son el único lugar donde las multitudes se crean, se organizan y se expresan, y por tanto la marcha de febrero no habría sido sin la supercampaña de los medios en contra de las Farc. Pues resulta que en los medios decisivos no hay la misma claridad ni hay el mismo entusiasmo en condenar los horrores de las "autodefensas" (y es elocuente que así las llamen). ¿O es que de veras cree usted que los canales privados, las radiocadenas y el periódico de Bogotá van a dedicar iguales horas extras y otra página diaria a organizar otra megamarcha contra los "paras"?
Lo cual me trae a la marcha como un acto político, como expresión de acuerdo o desacuerdo con una cierta manera de concebir y gestionar los intereses públicos. Y aquí nos encontramos con una asimetría inocultable: en tanto la política de mano dura en contra de las Farc tiene el apoyo de tirios y troyanos, la política de mano blanda respecto de los "paras" es el asunto más controvertido de este megagobierno.
Los hechos son tozudos. Llevamos ya 6 años de un Presidente dedicado con sus ministros y sus consejeros a buscar un camino legal para indultar a los señores de Ralito y sus miles de "muchachos". Hay una ley de "verdad, justicia y reparación", pero es la verdad que le convenga contar a cada ex comandante, la justicia en cárceles que no lo son tanto y la reparación en fincas para ser entregadas a grandes palmicultores. Los hechos son tozudos, pero las percepciones son todavía más tozudas. La gente -la mitad de la gente, dicen las encuestas- piensa que las autodefensas se justifican y uno de cada tres colombianos piensa que ellas deben perseguir a las guerrillas. Es lo que oigo decir en las tertulias: que a la marcha de marzo no hay que sumarse porque los paras no son tan malos, porque son un mal necesario, porque pagaron sus penas, porque se acabaron, porque las Farc invitan o a las Farc les conviene, porque atacar a los paras es atacar al Ejército y es atacar al Presidente Uribe.
Todo lo cual en mi opinión confirma que el nuestro es un país bastante confundido.
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